Propone reforma al Código Penal
estatal para que se considere como una circunstancia del delito de
extorsión y con agravación del castigo.
Como parte de la agenda
de trabajo en temas de seguridad, la diputada Santa Alejandrina Corral
Quintero, presentó una iniciativa que reforma al artículo 224 BIS del
Código Penal para el Estado de Baja California, con el objetivo de que
se contemple como una circunstancia del delito de extorsión, con
agravación del castigo, precisamente las conductas realizadas por los
delincuentes bajo la figura que comúnmente conocemos como “cobro de
piso”.
Una de estas formas de extorsión que se ha popularizado y
extendido a lo largo y ancho de Baja California, es el conocido como
cobro o derecho de piso, que consiste en exigir cantidades de dinero de
manera periódica (semanal, quincenal o mensual) a comerciantes,
empresarios o a cualquier persona, a cambio de no causarles ningún daño
físico o material, por lo que ante el incremento de este delito y sus
diversas variantes, es necesario establecer y definir claramente qué
implica, para que las autoridades puedan combatirlo.
La
legisladora inicialista precisó que debe señalarse la distinción entre
extorsión y cobro de piso que, aunque cuenten con un principio semejante
-la obtención de un lucro en base a la amenaza o coerción- no funciona
igual y, por ende, implican algo distinto para la víctima, su gestión e
incluso, su medición. Cuando se habla de extorsión referimos a un acto
que ocurre una vez a una víctima, en contraste, en el cobro de piso la
víctima y victimario establecen una relación tributaria sostenida a
largo plazo.
De igual forma destaca que, de acuerdo con David
Lee Zamora, investigador, experto en temas de seguridad y autor del
libro “Manual de Seguridad”, el cobro de piso implica afectaciones al
desarrollo regional y del país en todos sus ámbitos, dado que se ha
expandido en las últimas dos décadas, de forma paralela al control que
pretenden ejercer los diversos grupos delincuenciales, incluso en
algunas entidades federativas, dicha práctica conforma una especie de
"sistema tributario", que ha sido aceptado incluso por grandes empresas.
Ante
la importancia de atender esta problemática que sigue incrementándose
día con día, se necesita fortalecer los instrumentos jurídicos para
prevenir y atender este tipo de delitos, trabajando en reformas que
protejan y velen por la integridad de los ciudadanos, que les de mayor
confianza y herramientas de actuación a las autoridades, añadió.
Publicar un comentario