Con un Donald Trump reclamando resultados en el combate al narco, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca equilibrar las negociaciones poniendo el tráfico de armas sobre la mesa
El Gobierno de México
ve en el combate al tráfico de armas desde Estados Unidos una de las
claves para frenar la violencia generada por el narcotráfico. Una
postura no del todo compartida por la administración de Donald Trump,
quien insiste en señalar la crisis de inseguridad del país como una
amenaza para el suyo.
El pasado martes, Trump declaró que, si
bien mantiene una buena relación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum,
"creo que México está dirigido en gran medida por los cárteles del
narcotráfico". Insistiendo, como lo hizo durante su primer mandato, en
que EU puede "ayudar" a solucionar este problema.
Los
señalamientos de Trump se dan a meras horas de las primeras reuniones
que su equipo tendrá en Washington con los secretarios Marcelo Ebrard,
de Economía, y Omar García Harfuch, de Seguridad.
Programadas para hoy jueves para discutir las medidas ante el plan arancelario aplazado para inicios de marzo.
La
amenaza arancelaria llegó acompañada de la declaratoria como
organizaciones terroristas de seis cárteles mexicanos: el Cártel de
Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el
Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y Cárteles Unidos. Medida que
entra en vigor, también, este jueves tras el anuncio del Departamento de
Estado.
En este contexto, el Gobierno de Sheinbaum mantiene la
respuesta al reclamo de Trump: para bajar el tráfico de drogas desde
México, EU debe atender su consumo y, particularmente, detener la venta
de armamento a las organizaciones criminales. Una reafirmación de la
postura que asumió Andrés Manuel López Obrador.
Tan es así que el
próximo 4 de marzo la Suprema Corte de EU realizará la audiencia por la
demanda que México interpuso en 2021 contra ocho fabricantes y
vendedores de armamento. Uno de dos litigios iniciados el sexenio pasado
como parte de la estrategia para combatir los recursos de los cárteles.
El
caso fue reforzado en enero con datos del Departamento de Justicia como
que, entre 2017 y 2023, licenciatarios federales transfirieron al
público 106 mil 763 armas de fuego. En ese periodo, las solicitudes de
rastreo hacia México aumentaron y el armamento localizado en territorio
nacional se incrementó en un 63 por ciento.
El 74 por ciento de
las armas rastreadas en México tenían como origen los estados de Texas,
Arizona o California. Al mismo tiempo, el 81 por ciento fue recuperado
en una entidad mexicana con presencia dominante de los cárteles de
Sinaloa o Jalisco, o ambos, identificados como las dos principales
organizaciones en cuanto a la compra de armamento.
Lo cierto es
que la tarea de contener la venta de armamento se presenta como
demasiado grande para las autoridades mexicanas e incluso para las
estadounidenses. De acuerdo con el Buró de Tabaco, Alcohol y Armas de
Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), hay 13 mil 617 distribuidores
legales tan sólo en los cuatro estados fronterizos de EU.
La
magnitud de la distribución de armas se explica no sólo por el amparo
legal que implica la Segunda Enmienda a la Constitución, que permite a
los ciudadanos su portación, sino también por la potencia de la
industria armamentística y la influencia de su lobby político,
representado por la Asociación Nacional del Rifle o NRA.
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