- La legisladora del PT denunció prácticas arbitrarias por parte de verificadores que afectan el patrimonio de contribuyentes
- Propuso emitir una norma administrativa que permita liberar vehículos cuando haya indicios serios de abuso
En
respuesta a denuncias ciudadanas sobre presuntos actos arbitrarios
cometidos por servidores públicos en perjuicio de contribuyentes, la
diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja presentó un exhorto a diversas
autoridades estatales, con el objetivo de tomar medidas que prevengan
abusos relacionados con el aseguramiento de vehículos y su depósito en
las pensiones del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California
(IMOS).
La legisladora del Partido del Trabajo expuso que en
reiteradas ocasiones se han denunciado conductas indebidas por parte de
verificadores, quienes interceptan vehículos con mercancías de
importación, a pesar de que los propietarios presentan comprobantes del
pago de impuestos correspondientes.
En muchos de estos casos,
los automóviles son remitidos a la pensión del IMOS sin fundamentos
sólidos, generando gastos excesivos a los afectados y afectaciones a su
patrimonio.
“Se han documentado abusos en los que incluso se
levantan actas con declaraciones falsas, asegurando que los
contribuyentes no presentaron documentación o que huyeron del lugar, con
el fin de justificar el aseguramiento de vehículos y mercancía”, señaló
la diputada.
Esto, agregó, convierte a las pensiones vehiculares en un mecanismo que incentiva la extorsión y obstaculiza el debido proceso administrativo.
En su propuesta, exhortó al Secretario
General de Gobierno a valorar la emisión de un decreto o norma
administrativa que autorice la entrega de vehículos a sus propietarios
cuando existan indicios serios y fundados de que el aseguramiento derivó
de actos de abuso o arbitrariedad.
De igual forma, planteó la
creación de una mesa de trabajo encabezada por la Secretaría de Hacienda
para escuchar y atender a las personas afectadas por este tipo de
prácticas.
Además, solicitó al titular del IMOS informar sobre
las acciones emprendidas para garantizar que el cobro del servicio
público de transporte urbano, especialmente en el Corredor Agua
Caliente, no exceda los $16 pesos establecidos, incluso cuando el pago
se haga en efectivo por fallas en los lectores de tarjetas.
Tras un análisis por las y los legisladores en el Pleno, se determinó canalizar el exhorto a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de profundizar en el tema y trabajar en la presentación de un producto legislativo más robusto que atienda de fondo la problemática.
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