Este lunes se presentó un recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el Plan B de la Reforma Electoral, medida que busca evitar desmantelar y vulnerar al árbitro electoral, explicó la Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano.
Al acudir como invitada a la reunión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (C.C.E.E.), la legisladora explicó el estado que guarda la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López, reiterando que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional continuará defendiendo al Instituto Nacional Electoral.
La dirigencia nacional del PAN, presentó la acción de inconstitucionalidad ante la corte, y de igual manera el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados interpondrá otro recurso de impugnación, así como otra acción de inconstitucionalidad por parte de municipios y ayuntamientos.
Esta acción se enfoca en dos elementos, pues con la reforma se redefinen los alcances de la propaganda gubernamental para establecer que cuando se trate de un caso de libertad de expresión individual, no sea sancionable. En otras palabras, cualquier manifestación de servidores públicos no puede ser clasificada como propaganda gubernamental, con lo que claramente se institucionaliza la cargada desde el poder.
El segundo, es la razón de la controversia, porque la Reforma considera que el límite del gasto del programa anual de Comunicación Social, en su conjunto no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos anual correspondiente.
Durante su participación, Lizbeth Mata también abordó el impacto negativo que ha tenido en nuestra entidad el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, al no destinar recursos extraordinarios o “etiquetados” para infraestructura, acciones de seguridad, en materia de salud y para atender el desabasto de agua.
El único recurso que viene “etiquetado” para el presente ejercicio, es por 477 millones de pesos dentro del programa carretero y es para la obra de modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, explicó.
En el caso del hospital del IMSS en Ensenada, la legisladora señaló que el recurso se obtendrá del presupuesto que disponga y pueda destinar al proyecto la misma institución, que de entrada la intención es buena, sin embargo desde la Cámara de Diputados exigiré que sea una realidad y se garantice su construcción, pero también que se destine equipo humano y técnico, medicinas e infraestructura para los demás hospitales de la ciudad, porque en la actualidad no se brindan los servicios médicos y atención de calidad que prometieron al crear el INSABI, y por el que eliminaron el Seguro Popular, señaló.
Cancelación de intervenciones quirúrgicas, desabasto de medicamentos, falta de médicos y especialistas, atención inadecuada por carecer de espacios y camas, es lo que reciben los ciudadanos, que pagan sus cuotas, agregó.
Entre otros temas, la ruta alterna entre Ensenada-Tijuana, cobra vital importancia derivado de las reparaciones en varios tramos de la carretera escénica y que ha ocasionado más accidentes vehiculares, demoras, largas filas de automóviles y camiones, sin embargo tampoco hay un recurso etiquetado dentro del PEF 2023 para ello, pero que gestionará una reunión con las autoridades correspondientes, así como otras medidas a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
Si hay recursos, afirmó, solo que se utilizan de manera discrecional y debemos exigir cada uno desde sus respectivos ámbitos, tanto la Gobernadora de Baja California, los Alcaldes, los diputados locales y los legisladores federales, que se atiendan estas necesidades.
Entre los acuerdos que estableció con el CCEE, destacan la instalación de mesas de trabajo, asesoría y acompañamiento en temas relacionados a la seguridad pública, infraestructura y La Ley General de Control del Tabaco, por mencionar algunos.
Reconoció el pronunciamiento de este organismo empresarial en torno a la inseguridad que prevalece en la ciudad, pues sigue siendo una asignatura pendiente de las autoridades encargadas con la población, no podemos normalizar que hechos violentos se ejecuten a plena luz del día y con total impunidad, concluyó.
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